Blog

Visité República Dominicana hace poco. Aunque fue gratificante conocer un lugar tan parecido al Caribe colombiano, también fue perturbador descubrir la manera en como los discursos históricos son instrumentalizados para perpetuar la discriminación hacia sus vecinos haitianos.

Conocí el centro histórico de Santo Domingo de la mano de un guía turístico. El recorrido inició en la Plaza Colón, la plaza mayor de la ciudad. A diferencia de lo que pasa en Colombia o Argentina, la plaza mayor de la capital no evoca a un prócer o a un hito de la independencia. En el caso de República Dominicana, esta lleva el nombre de Cristóbal Colón. Y en el centro de la misma hay una estatua que le rinde homenaje. A sus pies se encuentra la figura de Anacaona, una cacica taína ejecutada por los españoles en 1504 por sospechas de insurrección.

Los nombres de las calles/plazas y los monumentos le rinden homenaje a la «madre patria». Esta es la materialización del culto a la hispanidad que el dictador Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó el país entre 1930 y 1961, y el presidente Joaquín Balaguer, uno de sus sucesores, cultivaron cuidadosamente durante el siglo XX, en parte, para posicionarla dentro del mercado turístico del Caribe.

En buena medida, los dominicanos construyeron su identidad nacional a partir de lo hispano y en oposición a lo haitiano. Los dominicanos se enuncian como blancos o indios/taínos y católicos. Los haitianos, por el contrario, son representados como negros y amantes del vudú. El discurso histórico ha servido para cimentar ese paradigma de diferenciación. El relato de nuestro guía lo hizo evidente. Mencionó con insistencia el «yugo haitiano», para referirse a la ocupación del país por parte de Haití entre 1822 y 1842. La red de monumentos y los nombres de las calles y plazas, cuando no rendían culto a lo hispano, celebraban a los próceres que lideraron la independencia frente a Haití.

Encontré varios lugares de la memoria que homenajeaban a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, los líderes de la causa. Encontré menos de Gregorio Luperón, el general afrodescendiente y de origen haitiano que luchó contra la ocupación por parte de España entre 1863-65, conocida como la Guerra de la Restauración. No encontré un solo monumento o calle/plaza que recordara a José Núñez de Cáceres, un criollo que declaró la primera independencia en 1821 y que intentó, sin éxitos, integrar el país a la Gran Colombia. Luego supe que una avenida y un parque, lejos del centro histórico, llevan su nombre.

El discurso histórico recreado a través de monumentos y espacios públicos ha construido una memoria que hace énfasis en los hitos fundacionales que distinguieron a República Dominicana de Haití. Estos también han servido para crear una oposición entre lo dominicano y haitiano.

En los últimos años, el Estado dominicano ha reglamentado dicha distinción al redefinir los términos de la ciudadanía dominicana a través de la sentencia 168/13, dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional. Esta redefinió los términos de la ciudadanía dominicana al establecer que solo eran dominicanos aquellas personas nacidas en suelo dominicano y cuyos padres fueran ciudadanos o extranjeros radicados legalmente en el país.

La sentencia tiene efectos retroactivos desde 1929. Esto desnacionalizó al menos a cuatro generaciones de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana convirtiéndolos en apátridas en el suelo donde nacieron sus padres, madres, abuelos y abuelas. Esta situación ha sido denunciada como violatoria de los derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Human Rights Watch.

¿Hasta qué punto la memoria histórica ha permitido la configuración de prácticas legales y cotidianas de discriminación racial en República Dominicana? No hay manera de responder esta pregunta en tan pocas líneas, pero al menos si nos permiten reflexionar sobre la responsabilidad ética que nos atañe como profesionales de la Historia.

¿Qué está sucediendo entre Venezuela y Guyana? En las últimas semanas el conflicto limítrofe por el Esequibo, una extensa área territorial de 160 mil kilometros cuadrados, ha venido escalando. Los más pesimistas temen que Venezuela ocupe militarmente la zona que Guyana reclama como propia. Estos últimos han movilizado tropas para asegurar el orden en la frontera. ¿Cuál es el origen de la disputa?

Guyana fue una colonia británica hasta su independencia en 1966. Por tal motivo, en un principio, el conflicto limítrofe enfrentó a Venezuela con el Imperio Británico. Venezuela argumentaba que el Esequibo hacía parte de la Capitanía General de Venezuela desde su creación en 1777. En virtud del principio Uti possidetis iure (como poseías, seguirás poseyendo), el gobierno venezolano sostiene que los territorios que algunas vez hicieron parte de la capitanía pasaron a manos de Venezuela tras la independencia.

La disputa, que inició durante el s. XIX, se saldó, aparentemente, con la firma de un tratado de arbitraje entre Reino Unido y Venezuela en 1899. El tribunal arbitral reconoció la soberanía de los británicos sobre el Esequibo. Pero, en 1962, Venezuela pidió la nulidad del mismo al considerar que el tratado había fijado las fronteras de manera arbitraria y sin respetar las reglas del derecho internacional. En 1966, los gobiernos de Reino Unido, Venezuela y la recién independizada Guyana firmaron un acuerdo reconociendo la existencia del litigio.

Entre 1982 y 1999, Guyana y Venezuela intentaron resolver sus diferencias sin mayores éxitos. El diferendo se archivó temporalmente durante el gobierno de Chavez debido, en parte, a sus buenas relaciones con el gobierno de Guyana. Esto cambió en 2015, ¿Por qué? Desde el 2014 se descubrieron decenas de yacimientos de petróleo en áreas costeras del Esequibo, siendo el más importante el Bloque Staproek. Se han descubierto cerca de 11.000 millones de barriles de petróleo y gas. La zona del Esequibo también es rica en oro. Guyana, en asocio con la ExxonMobil, ya inició labores de exploración y se espera que la extracción de petroleo empiece en 2025.

Mientras tanto, Venezuela prepara un referendo para preguntarle a la ciudadanía cómo proceder frente al litigio. El texto propone la creación del estado de Guayana Esequiba, como parte de Venezuela, y el otorgamiento de la ciudadanía venezolana a los habitantes del Esequibo. La zona es habitada por pueblos indígenas que historicamente han vivido en ambos lados de la frontera. Estos grupos indígenas, como los Arawako o los Warao, han denunciado persecuciones por parte de las autoridades venezolanas, que ahora ejercen labores de control territorial en la zona, y que los consideran como inmigrantes indocumentados.

Por lo pronto, la Corte Internacional de Justicia, el organo judicial de las Naciones Unidas y que estudia el caso, le ha pedido a Venezuela que no haga nada “que modifique la situación que actualmente prevalece” en el territorio en disputa del Esequibo.

Hace unas pocas semanas, la Corte de la Haya falló en contra de la demanda de Nicaragua sobre el mar del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este fallo reconoce una vez más la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. ¿Cuáles son los orígenes históricos de esta disputa?

En 1803, la corona española puso el archipiélago y la costa de Mosquitos, en el este de la actual Nicaragua, bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada. Esto se hizo con la intención de que existiera un mayor control sobre el territorio, el cual era habitado por indigénas Misquitos. Estos habían vivido al margen de la jurisdicción de la autoridad colonial española y solían establecer alianzas con los enemigos del imperio, particularmente, los británicos. La costa de Mosquitos, no obstante, regresó al control de la Capitanía General de Guatemala años después.

En 1928, las repúblicas de Nicaragua y Colombia, ya convertidas en países independientes, firmaron el tratado Esguerra-Bárcenas que reconocía los límites fijados a finales de la colonia. En ese entonces, Nicaragua se encontraba bajo ocupación militar estadounidense. Un año antes, los Estados Unidos habían enviado cientos de marines para ocupar el país y cuidar de sus intereses en el contexto de una confrontación bélica entre liberales y conservadores.

Esto último fue el argumento invocado por Nicaragua, en ese entonces gobernada por los sandinistas, en lo años 80 para pedir la nulidad del tratado: este era ilegal porque no fue fruto de una decisión soberana y, por ende, no tenían porqué renunciar a la soberanía sobre el archipiélago, el cual se encuentra aapenas a 110 kms de Nicaragua. La costa norte de Colombia está a 720 kms.

No obstante, en el 2007, la Corte emitió una primera resolución que reafirmó la soberanía colombiana sobre el archipiélago pero que dejó la puerta abierta para que Nicaragua ganara exclusividad económica sobre una parte del área marítima, cosa que consiguió en el 2012. Aunque Colombia sale victoriosa con la decisión que recientemente tomó la Corte, el pueblo raizal de San Andrés sigue afectado por las rupturas diplomáticas existentes entre Colombia y Nicaragua. Para los raizales, su territorio sobrepasa las fronteras entre ambos países. Históricamente, tenían estrechas relaciones con la costa de la actual Nicaragua y había familias hermanadas en ambos lugares. Las fronteras actuales, trazadas sin el consentimiento de los raizales, fracturaron una unidad histórica.

Para conocer más sobre la historia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ver los trabajos de Sharika Crawford, Raúl Román y Antonino Vidal

Aunque Colombia se sumó al bando de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), estuvo relativamente al margen del conflicto. Salvo por algunos ataques a embarcaciones de civiles perpetrados por submarinos alemanes en las aguas de San Andrés y Providencia, el país no sufrió las consecuencias más dramáticas de la guerra. No obstante, no estuvo exenta de sus consecuencias. En 1941, Laboratorios Román, una empresa farmacéutica de Cartagena, fue incluida en una «lista negra» por parte de las autoridades diplomáticas de los Estados Unidos en Colombia. Este suceso evidencia los impactos de la Segunda Guerra Mundial en nuestro país.

Durante la contienda, Estados Unidos solía emitir «listas negras» donde se incluían a personas o empresas sospechosas de simpatizar con los nazis, italianos o japoneses. Esto les impedía establecer vínculos comerciales con firmas estadounidenses. La intención era bloquear los intereses comerciales de las potencias del eje, así como neutralizar individuos sospechosos de adelantar labores de espionaje para sus enemigos.

Aunque la inclusión debía estar soportada por labores de inteligencia, muchas personas terminaron incluidas por simples rumores. En el caso de los Laboratorios Román, la inclusión se debió a un suceso que involucró a dos de los hijos de Henrique Román Sr., su propietario. El 18 de abril de 1941, Henrique y Rafael Román Vélez llegaron al Club La Popa en estado de embriaguez y destruyeron un retrato del presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt y del ex presidente colombiano Enrique Olaya Herrera mientras gritaban: «¡Al diablo con las democracias!¡Viva Hitler!»

Para ese entonces, la inteligencia estadunidense ya sospechaba de las simpatías de Henrique Román Sr. hacia los alemanes. En un informe de 1940, que reposa en documentos desclasificados de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, este es calificado como «rabidly pro-Nazi». En general, las autoridades diplomáticas del Consulado de Estados Unidos en Cartagena sospechaban de la élite local, a quienes llamaban «los linajudos». En otro informe de 1940 decían que entre la élite «existe un gran ultra-conservatismo […] que no está libre de prejuicios sociales y raciales.»

Aunque los hermanos Román se excusaron y aludieron que todo había sido un hecho aislado, Laboratorios Román permaneció en la «lista negra» durante la guerra, lo cual le trajo consecuencias graves a la compañía. Este suceso evidencia el impacto que los conflictos bélicos globales tuvieron en el ámbito local, aún estando al margen de los teatros de la guerra. Trabajos como los de Silvia Galvis, Alberto Donadio, Julián Lázaro y Lorena Cardona ya han hecho contribuciones al respecto.

Cuando el capitán Thomas Sankara fue nombrado Secretario de Estado para la Información de la Republica del Alto Volta llegó a su primera reunión manejando una bicicleta. Era 1981. Tenía apenas 31 años y desde ya se proyectaba como un líder de talla nacional, pero de semblante humilde y carismático. Dos años después, y tras una sucesión de gobiernos cortos e inestables, un golpe de estado lo convirtió en presidente. Sin demora, Sankara puso en marcha lo que él llamo “una revolución democrática y popular”, inspirada en los ejemplo de Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba y de Jerry Rawlings en Ghana, y por supuesto, en la doctrina de Marx y Lenin, en la cual se había instruido cuando apenas empezaba su carrera militar. Con el Che Guevara solían compararle por su espíritu aguerrido, jovialidad, carisma y rebeldía. Con el tiempo terminó por ser conocido como el “Che Guevara de África”.

Uno de los primeros actos de su revolución fue cambiarle el nombre al país. De la República del Alto Volta, cuyo nombre se deriva de aquel que le habían dado los franceses durante la era de colonización, pasó a llamarse Burkina-Faso, que significa “la tierra del hombre íntegro”.

Las reformas que Sankara adelantó le dieron un giro al país. Construyó miles de viviendas y kilómetros de carreteras y vías férreas que conectaron la nación de punta a punta. Concedió plenitud de derechos a las mujere, y apuntó a varias de ellas en altos cargos oficiales. Fue el primer dirigente africano en dimensionar el peligro del SIDA y tomo medidas rápidas para controlarlo. Construyó escuelas y hospitales por todo el país con el propósito de servir a la población más necesitada. Y en abierto desafío al imperialismo francés, se negó a pagar la deuda externa. Su gobierno fue austero, pero efectivo. Procurando ser un modelo a seguir, se rebajó su salario a un poco más de 400 dólares. Sus posesiones personales se limitaban a un carro sencillo, un par de bicicletas, tres guitarras, una nevera y un refrigerador averiado.  

Pero la premura de su revolución le llevó a cometer excesos en aras de defenderla. Atemorizado por el fantasma de contra-revolucionarios anónimos, persiguió implacablemente a sus opositores y estableció un régimen que admitía pocas críticas. Cerró partidos políticos y sindicatos que no fueran afines a su causa y llevó al cadalso a un puñado de enemigos juzgados con ligereza. Pero fueron sus actos más nobles los que le granjearon sus peores enemigos. El 15 de octubre de 1987, su mano derecha, amigo y compañero de causa, Blaise Campaoré, organizó un golpe de estado en su contra, que por supuesto había sido indirectamente animado por Francia. Thomas Sankara fue asesinado ese día a sus 37 años. Campaoré asumió el mando y desmontó la gesta revolucionaria de su predecesor. Restableció a plenitud las relaciones diplomáticas con sus aliados franceses y se comprometió a pagar la deuda externa. Con el curso de los años echó al traste todos los logros conseguidos. Burkina Faso se convirtió en uno de los países más pobres del mundo.  

Para eliminar todo rastro del legado de Sankara, Campaoré se propuso borrarlo de la historia misma. Hizo destruir toda documentación oficial alusiva a él y quiso arruinar su reputación acusándole de haberse enriquecido durante su mandato. Su casa fue saqueada, y solo quedaron para el recuerdo sus bicicletas, sus guitarras, el refrigerador averiado y la chatarra de su carro.

Una semana antes de morir, Thomas Sankara lanzó una frase premonitoria: “Aunque los revolucionarios como individuos pueden ser asesinados, tú no puedes matar sus ideas”. Sin importar los esfuerzos, el legado de Sankara siguió vivo en el corazón de muchas mujeres y hombres de Burkina Faso. En el 2014, un alzamiento popular masivo, entre cuyos líderes figuraban miembros de partidos que reivindican la doctrina política de Sankara, derrocó a Blaise Campaoré. El 6 de octubre de 2021, Campaoré fue condenado in absentia a prisión de por vida por su participación en el asesinato. Hoy, tras casi 35 años de su partida, el legado de Sankara sigue con vida y todavía sirve de inspiración para quienes luchan por construir una nueva Burkina Faso. 

En los últimos años, el nombre de José Raquel Mercado ha sido invocado para señalar los crímenes cometidos por el M-19 en el marco del conflicto armado. A falta de las numerosas masacres, secuestros y atentados terroristas perpetrados por las otras guerrillas, los detractores del M-19 y de sus desmovilizados recuerdan con insistencia su asesinato a manos de esta organización en 1976. Sin embargo, poco se habla sobre la vida de José Raquel Mercado, el líder sindical más importante en la historia de Colombia en el siglo XX. 

Nació en Cartagena en 1913. Siendo muy joven comenzó a trabajar como bracero en los muelles del Terminal Marítimo y fue allí donde comenzó su carrera dentro del movimiento sindical. Se vinculó a la Federación de Trabajadores de Bolívar, una filial de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Pronto comenzó a escalar posiciones al interior del sindicato a pesar de carecer de educación formal. Para 1944, de acuerdo a reportes de inteligencia del Consulado de los Estados Unidos en Cartagena, Mercado ya era miembro del sub-comité directivo del Sindicato del Río Magdalena y asesor del sindicato de la ANDIAN, una empresa de petróleos canadiense que operaba en la ciudad. Según el reporte, elaborado en 1947, se creía que Mercado era partidario del comunismo. En aquel entonces, al filo de la Guerra Fría, se temía que los comunistas infiltraran las filas de los sindicatos y del Partido Liberal para incidir en la política nacional.  

Lo cierto es que con los años Mercado tomó distancia del comunismo. De hecho, en 1960, facilitó la expulsión de los sectores comunistas dentro de la CTC, y en 1963, firmó un “pacto anticomunista” con la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). Para él, se trataba de mantener la independencia del movimiento sindical frente a la posible infiltración del comunismo internacional. En una alocución en 1963, Mercado condenó los supuestos intentos por parte de los comunistas latinoamericanos por convertir al Mar Caribe en un «lago soviético» al servicio de los intereses del Kremlin. En consecuencia, denunció el giro hacia el comunismo de la Revolución Cubana y se mostró partidario del golpe de Estado en contra de Jacobo Árbenz en Guatemala. 

Entre los años 60 y 70, Mercado ascendió rápidamente en la vida pública nacional. Fue miembro de la Cámara de Representantes por varias legislaturas y representó a Colombia y a los trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. También fue parte de la Junta Directiva del Banco Popular. En Cartagena seguía siendo reconociendo entre las capas populares. En repetidas ocasiones llamó la atención sobre sus problemas, incluyendo el déficit de vivienda y el alto costo de los víveres. En 1964, vecinos del barrio Blas de Lezo se enfrentaban a la posibilidad de ser desalojados por parte del Instituto de Crédito Territorial debido al retraso en el pago de las cuotas mensuales. Los vecinos acudieron a José Raquel Mercado -que por ese entonces actuaba como presidente de la CTC- para que interviniera a su favor. Mercado atendió al llamado. Días después, el Instituto públicamente descartó el desalojo. Es incierto hasta que punto la decisión obedeció a la intervención de Mercado, pero está claro que los cartageneros le veían como un líder próximo que podía interceder por ellos ante las autoridades nacionales. 

La figura de Mercado no estaba libre de controversias. A inicios de los años 70, cuando algunos sindicatos procuraban guardar distancia del gobierno, él seguía trabajando de cerca con el poder. Esto le trajo enemigos tanto al interior de su sindicato como por fuera. Finalmente, el 15 de febrero de 1976, Mercado fue secuestrado por los «Comandos Simón Bolívar y Camilo Torres Restrepo» del M-19. En un comunicado de dos páginas lo acusaron de «traición a la patria, a la clase obrera y de enemigo del pueblo». La guerrilla convocó a organizaciones gremiales, estudiantiles, religiosas y grupos de izquierda para que determinaran si era culpable o no. Se plantearon 11 preguntas basadas en los cargos formulados y una vez la ciudadanía dictara su veredicto, el M-19 se comprometía a acatar la orden de lo que llamaban «la justicia popular revolucionaria». Mientras tanto, quedaría detenido en calidad de preso político. La ciudadanía debía «depositar» su voto de SÍ o NO en las paredes. Pronto aparecieron en las paredes grafitis condenatorios o en su defensa en las principales ciudades del país. La CTC hizo su propia campaña a través de carteles exigiendo la liberación de su líder. 

El 19 de abril de 1976, tras 64 días en cautiverio, José Raquel Mercado fue asesinado. Su cuerpo fue abandonado en  una glorieta de la calle 63 con carrera 50 en Bogotá. Jaime Bateman Cayón, líder del M-19, justificó el asesinato en esta declaración:

«La decisión de ajusticiarlo la sometimos al veredicto popular. La gente escribió en las calles sí; escribió no; la CTC hizo una gran campaña de carteles para que no lo fusiláramos; los sindicatos discutieron el asunto; algunos miembros de la CTC dijeron incluso, públicamente, que a Mercado había que ajusticiarlo… Él estaba entregado totalmente al imperialismo. En el interrogatorio que le hicimos reconoció que trabajaba para los norteamericanos, que recibía de ellos cuantiosos cheques.»

De esta manera culminó la vida de José Raquel Mercado, uno de los líderes políticos más importantes del Frente Nacional y uno de los cartageneros más prominentes de la vida pública nacional. Su legado sigue entre sombras. Se sabe muy poco sobre sus años formativos en el sindicalismo en Cartagena, y muchos menos sobre su incidencia en la vida política local. Tampoco sabemos nada sobre la percepción que se construyó en torno a la figura de Mercado, que siendo un hombre negro y de extracción humilde, llegó a ocupar cargos de representación y de liderazgo político a nivel nacional. 

Es necesario estudiar la vida y obra de José Raquel Mercado, más allá de los esencialismos que lo reducen a un traidor o del abuso de su memoria por parte de sectores de la derecha que invocan su nombre para deslegitimar a otros actores políticos. La justicia, que para él fue impartida con ligereza, también obra a través del estudio de la Historia.

Un dato curioso: 

Como si se tratara de una suerte de justicia divina, aún después de su muerte, algunos acuden a José Raquel Mercado para que les brinde ayuda. Su tumba en el Cementerio Central de Bogotá se ha vuelto un lugar de veneración. Los visitantes le depositan flores y le echan agua a su busto a cambios de favores.

                                                               ___________________

Todavía no existen estudios biográficos sobre José Raquel Mercado. Investigaciones sobre el sindicalismo durante el Frente Nacional, al igual que algunos trabajos sobre la formación del movimiento obrero en el departamento de Bolívar durante los años 30 y 40, revelan detalles sobre su vida. Algunos de estos trabajos fueron utilizados para reconstruir este esbozo sobre su figura, al igual que notas de prensa del Diario de la Costa y El Universal, ambos periódicos de Cartagena.